Durante la semana del 19 al 22 de octubre se llevó a cabo la 50° Asamblea General de la OEA. Esta vez la cita no fue en ninguna ciudad del hemisferio como viene haciéndose hace medio siglo. Esta vez el lugar de encuentro fueron las plataformas digitales ya que la pandemia del COVID-19 nos ha impuesto restricciones que no permiten grandes aglomeraciones ni vuelos internacionales tan frecuentes. Es más, muchos países del continente ni siquiera han abierto del todo sus cielos y en Europa, por ejemplo, volvieron los aislamientos, las cuarentenas y los toques de queda.
Por lo anterior, meses atrás cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al COVID-19 como pandemia global, Bahamas decidió retirarse como sede de la Asamblea General de este año. Es entonces cuando el Consejo Permanente debe adoptar medidas para garantizar que la cita hemisférica se cumpla. Fueron meses largos de no saber a ciencia cierta cómo habría que reunir de nuevo a autoridades estatales y organizaciones de sociedad civil para nuevamente discutir sobre los temas que nos importan.
Finalmente, no hubo otra opción que hacer la Asamblea totalmente virtual. Para todos y todas este fue un experimento que generó muchas dinámicas nuevas y, a la vez, entorpeció el trabajo y la participación de otras personas. Hay que reconocer los pros y los contras.
Por un lado, actores de sociedad civil pudieron ahorrar en recursos al no desplazarse. Sin embargo, es necesario resaltar que nuestro continente y, en especial, la región de América Latina y el Caribe, al ser uno de los lugares más desiguales del planeta, muchos de sus habitantes no cuentan con acceso a Internet. Según la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, “pese a los avances en la cobertura de Internet en América Latina y el Caribe en los últimos años, el 45% de los latinoamericanos no tiene acceso a los servicios derivados de la conectividad digital, tales como telemedicina, teleducación, gobierno en línea y banca electrónica, entre otros. Sólo 4 de cada 10 hogares cuentan con una conexión de banda ancha fija y los accesos individuales a Internet móvil no superan el 50%. La brecha de acceso también tiene una expresión a nivel de los hogares de bajos ingresos y zonas rurales donde persisten asimetrías importantes en la cobertura de asequibilidad de los servicios digitales”.
Lo anterior hace que para muchas personas de la ciudadanía en general y, en especial, de organizaciones sociales presentes en territorios apartados de las cabeceras urbanas se les complique su participación en este tipo de espacios cien por ciento digitales. Además, hay un amplio sector de la población (no nativo digital) que no está familiarizado con las herramientas de telecomunicaciones.
Todo lo anterior nos muestra que debemos trabajar mucho más en plenas garantías para la participación de la ciudadanía en este tipo de eventos multilaterales. No basta con decir que existe un espacio u otro en el que las organizaciones se pueden inscribir, no. La OEA y los distintos Estados miembros deben propender por vías y herramientas más garantistas y democráticas para que la voz de la sociedad civil pueda manifestarse y escucharse.
En cuanto a los temas centrales que movieron la agenda de esta quincuagésima Asamblea fueron tres particularmente. Por obvias razones, la pandemia del COVID-19 y los retos que eso le ha impuesto a los gobiernos y a las sociedades del hemisferio. Por otro lado, las situaciones de Venezuela y Nicaragua fueron especialmente tratadas. Incluso se promovieron resoluciones y pronunciamientos.
Como era de esperarse, Venezuela estuvo representada por los delegados del gobierno interino de Juan Guaidó. Su situación política fue una vez más, como en años anteriores, tema de discusión. Colombia, apoyada por Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Estados Unidos y Uruguay, presentó un borrador de resolución que finalmente fue aprobada y se titula “La carencia de condiciones democráticas mínimas para garantizar las elecciones libres, justas y transparentes en la República Bolivariana de Venezuela”.
Por otro lado, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Estados Unidos y Venezuela presentaron otro proyecto de resolución para desplegar una misión electoral en los próximos comicios que se celebrarán en Nicaragua en 2021.
Finalmente, es necesario destacar las amplias discusiones que hubo sobre el apartado de libertad religiosa en la resolución sobre protección y promoción de derechos humanos. Este tema viene siendo de interés creciente para muchos países, en especial para los Estados Unidos. Canadá, Argentina, Costa Rica y Chile dieron importantes aportes para mejorar la redacción acordada y acotar ciertas expresiones.
A propósito de lo anterior, recordemos el panel “Implicancias y desafíos de la Resolución sobre Libertad Religiosas en la Asamblea General de la OEA” que Redlad promovió en conjunto con unos de sus miembros, Grupo de Estudios Multidisciplinarios de Religión e Incidencia Pública (GEMRIP), en el marco de la 49° Asamblea realizada en Medellín en junio de 2019.
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Queremos destacar los pronunciamientos oficiales de las siguientes coaliciones:
- Coalición Foro Ciudadano de las Américas
- Coalición Diálogos Incluyentes como Base de la Innovación Social, liderada por la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad).
- Coalición Coordinación Indígena Abya Ayala
- Coalición Religiones, Creencias y Espiritualidades en Diálogo con la Sociedad Civil.
Haciendo clic acá se puede consultar el resto de pronunciamientos de las otras coaliciones de sociedad civil. En este otro link están consignadas las resoluciones y demás documentos de trabajo que los Estados miembros discutieron en las reuniones oficiales.