
Guatemala es un país que durante los últimos años ha entrado en una grave crisis institucional y política. Una crisis que ha venido gestándose por décadas y décadas de desidia del Estado y por la captura del mismo que élites y redes corruptas han hecho de las instituciones y de su justicia. La impunidad y el crimen son parte del paisaje y de la cultura política. Sin embargo, por fortuna los guatemaltecos están despertando y poco a poco han venido apropiándose de un rol político más activo y tan contundente que ya en 2015 probaron que pueden más que un presidente corrupto. Lograron que Otto Pérez renunciara a la primera magistratura del Estado luego de que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un órgano adscrito a la ONU, junto con el Ministerio Público del país le imputaran cargo por un caso corrupción aduanera.
Tal parece que la historia de protestas y manifestaciones del 2015 se repiten en 2017. A finales de agosto se dio un episodio inusitado en Guatemala: el presidente Jimmy Morales decidió nombrar como persona non grata al jefe de la CICIG, días después de que éste junto con la Fiscal General del país hicieran una solicitud de antejuicio contra el mandatario por sus dudosas actuaciones en materia contable mientras fue secretario general de su partido.
Lo anterior, generó una ola de indignación entre la ciudadanía que nuevamente ha salido a las calles a exigirle transparencia y ética pública a los poderes ejecutivo y legislativo, así como dejar actuar a la justicia en casos de corrupción que los envuelvan, puesto que el Congreso ha tratado de desligar al presidente de sus responsabilidades, aprobando un reforma al Código Penal que lo beneficiaría y lo desvincularía de cualquier delito que se le impute sobre las denuncias que ha hecho la CICIG.
Desde agosto hasta principios de octubre ha habido distintas acciones ciudadanas que buscan que el actual gobierno dimita pues ya no tiene credibilidad frente a la sociedad. Los mismos grupos de ciudadanos que lograron hacer sucumbir al gobierno de Otto Pérez han emprendido una cruzada contra Jimmy Morales y sus aliados, los cuales no han demostrado no estar a la altura de sus responsabilidades. La enquistada corrupción en las instituciones de Guatemala ya no da más y sólo la participación activa de la gente, junto a otros actores, puede transformar la realidad política de este país centroamericano.

La sociedad guatemalteca ya no está dispuesta a aguantar más el clientelismo, la corrupción y el crimen como forma de gobierno. Los altos niveles de impunidad la tienen asfixiada. Según fuentes de la CICIG llegan a un 97% y para los casos específicos de violencia de género es del 99%. En pocas palabras, es un Estado con sistema de justicia incompetente que no garantiza ningún derecho fundamental a sus ciudadanos ni seguridad.
“Yo creo en la participación ciudadana y en que hay que promover su interés por lo público. Creo que esa es la mejor garantía en la lucha contra la corrupción, una ciudadana interesada que busque formas de participación. También digo que sería conveniente un nuevo despertar ciudadano. Para algunos eso es incitar a la protesta, pero no, es algo que debe existir. Cuando no la hay, el terreno queda cultivado para la corrupción”, afirmó Iván Velásquez, cabeza de la CICIG en una entrevista concedida a El País de España el pasado 24 de julio de este año.