El surgimiento y crecimiento del número de organizaciones de la sociedad civil (OSC) responde a que cada vez son más los retos que enfrentan los países y son cada vez más las necesidades que deben ser satisfechas. Ante este escenario, el Estado a veces se ve desbordado y es ahí donde el rol de las OSC es fundamental. Las OSC entran a atender asuntos que en principio son responsabilidad del Estado que por factores económicos, políticos, logísticos, o de otra índole, éste último no logra atender.
Si bien las OSC desempeñan actividades de carácter público, a diferencia del Estado que está conformado por servidores públicos y trabajadores oficiales, éstas están conformadas por individuos pertenecientes a la sociedad civil como su nombre lo indica. Esta característica, en principio, permitiría pensar que las políticas de transparencia y rendición de cuentas del Estado y las OSC se encuentran en polos opuestos. No obstante, se debe tener en cuenta que la mayoría de los recursos con los que trabajan las OSC provienen de la cooperación internacional y gobiernos, que por definición son públicos. Lo anterior, junto con una idea de corresponsabilidad por la exigencia de transparencia que hace la sociedad civil al Estado, ha ocasionado que en la última década haya un incremento en los esfuerzos de dichas organizaciones para mejorar sus políticas de transparencia. Sin embargo, aún es posible identificar algunas deficiencias y dificultades en esa materia, por eso surge la pregunta sobre ¿qué condiciones favorecen la rendición de cuentas de las OSC?
Para responder la pregunta, primero es necesario identificar cuáles son los mecanismos de rendición de cuentas para luego identificar qué factores afectan positiva o negativamente esos mecanismos.
Sara Gordon Rapoport, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su texto “Transparencia y rendición de cuentas de organizaciones civiles en México”, identificó cuatro mecanismos de rendición de cuentas.
El primero son todos los mecanismos de transparencia que están relacionados con los informes ejecutivos, administrativos y financieros que elaboran las organizaciones. En ellos es posible identificar las actividades llevadas a cabo, conocer el presupuesto y en qué fueron utilizados los recursos. Luego están los mecanismos de participación que permiten a personas u organizaciones al interior o fuera de las organizaciones, hacer parte de las decisiones que éstas tomen. El principal instrumento de este mecanismo son las consultas – en muchos casos virtuales – y la invitación a las juntas directivas para participar de las decisiones de trascendencia dentro de la organización. El tercer mecanismo es el de evaluación que permite hacer un seguimiento a la eficacia de las acciones de las organizaciones, medir el impacto de las mismas, y de esta forma saber si las organizaciones están cumpliendo los objetivos planteados desde su creación y de cada proyecto que manejan. Finalmente, se tienen los mecanismos de reclamo y compensación. Estos permiten que las organizaciones respondan internamente y ante el público en general por malas prácticas o acciones que afecten a un tercero durante el desarrollo de sus actividades.
Ahora bien, los mecanismos citados anteriormente pueden funcionar de mejor o peor manera dependiendo de una serie de factores. El primer factor es interno a las organizaciones y tiene que ver con el grado de profesionalismo. Las organizaciones deben tener claramente definidas las tareas de cada uno de sus componentes, así como diferenciar quiénes son voluntarios y quiénes son personal contratado porque eso define el grado de responsabilidad que se le exige a cada miembro. En la medida en que esta diferencia sea clara, las OSC podrán saber con qué personal cuentan para cada una de sus actividades y así diseñar planes de trabajo más efectivos para mejorar su desempeño en los mecanismos de evaluación. Esto también les permitirá elaborar informes con mayor regularidad para que el público en general pueda conocer la situación actualizada de las OSC.
El capítulo chileno de Transparencia Internacional identificó que una parte importante de las OSC de ese país no desarrollan políticas de transparencia, no por falta de interés sino por falta de talento humano adecuado. Es decir, el bajo grado de profesionalismo afecta proporcionalmente la capacidad de rendición de cuentas que tiene una organización.
Los dos siguientes factores son de carácter externo. El primero es el marco legal bajo el cual las OSC desempeñan sus labores. Existen países con marcos legales más elaborados, en los cuales les exigen mayores requisitos a las OSC para operar y en esta medida las OSC deben elaborar informes más detallados, con mayor regularidad y darles mayor circulación. No obstante, en Latinoamérica y el Caribe, los marcos legales son bastante flexibles en cuanto a la creación y operación de una OSC debido a que un mayor control sobre éstas podría verse como una amenaza al ambiente habilitante. Es por ello que la política de transparencia de las OSC debe surgir como iniciativa propia y no esperar un marco legal que obligue a desarrollarla.
Las fuentes de financiación también afectan las políticas de transparencia y rendición de cuentas de las OSC. Las condiciones que imponen los donantes para otorgar recursos a las organizaciones llevan a que las OSC elaboren con regularidad informes ejecutivos, financieros, de evaluación y tengan mecanismos de reclamo y compensación. El inconveniente que surge es que las fuentes de financiación, principalmente de gobiernos y cooperación internacional, fundamentalmente desembolsan importantes sumas de dinero a través de convocatorias con requisitos difíciles de cumplir por algunas OSC, por lo cual su acceso a dichos recursos se limita a organizaciones, en gran medida, con capacidad operativa muy fuerte y ya consolidadas. En el documento “Propuesta de un Marco Nacional para la Eficacia de la Cooperación y del Desarrollo de las ONGs Salvadoreñas” (MODES, 2016), se reconoce que, por ejemplo, la Unión Europea no financia proyectos menores a trescientos mil euros. Esto ha ocasionado que sólo un pequeño grupo de grandes organizaciones comiencen a desarrollar políticas de transparencia y rendición de cuentas, y otras se vean marginadas de de desarrollar capacidades profesionales que les permita generar procesos de autorregulación y autoevaluación, y si lo hacen es de forma incipiente.
En conclusión, existen factores internos y externos que afectan las políticas de rendición de cuentas de las OSC. Frente al marco legal, difícilmente algunos países impondrán leyes de control sobre las OSC, o si lo hacen, se corre el riesgo de que afecten sus fuentes de financiación o su independencia, vulnerando así algunos principios del ambiente habilitante. Por lo tanto, la rendición de cuentas debe ser una iniciativa de la sociedad civil misma y de sus organizaciones.
En cuanto al grado de profesionalismo y fuentes de financiación, se podría pensar que sólo las grandes organizaciones pueden desarrollar políticas de rendición de cuentas porque tienen el personal capacitado para elaborar todos los informes requeridos y además necesitan de éstos para acceder a las bolsas de recursos. Esto plantea entonces un escenario en el cual las grandes organizaciones tienen una responsabilidad con las pequeñas organizaciones, presentes en los territorios donde trabajan, para brindarles asistencia técnica e incluso financiera para que éstas últimas desarrollen sus propias políticas de rendición de cuentas y procesos de autorregulación.
Finalmente, es pertinente resaltar dos cosas: en primer lugar, algo que CIVICUS afirma en su último informe “La Rendición de Cuentas de la Sociedad Civil por la Sociedad Civil” (2014), en el cual identifica un factor que no depende de las OSC, pero sí afectan sus políticas de rendición de cuentas. Esto es, violencia o presencia de actores armados ilegales que podrían usar esa información para catalogar de enemigas a determinadas organizaciones. En este caso se hace indispensable la presencia del Estado para garantizar las condiciones de trabajo de las OSC, es decir, cada uno de los principios que componen el ambiente habilitante. Y en segundo lugar, la Iniciativa Regional por la Transparencia y Rendición de Cuentas de la Sociedad Civil, que provee herramientas que pueden servir a muchas organizaciones en pro de su cualificación.