REDLAD ha liderado desde finales de 2015 un proceso que ha avanzado en el fortalecimiento de la participación de la sociedad civil con la creación del Foro Ciudadano de las Américas y con la realización de un seguimiento a los mandatos y compromisos de las Cumbres de las Américas (Panamá 2015 y Lima 2018). Este ejercicio ha evidenciado la debilidad del cumplimiento de los compromisos asumidos por los países y sus gobiernos, y la de la ciudadanía para realizar control social y demandar su puesta en marcha.
Esto último, el control social, es fundamental no sólo para monitorear la materialización de mandatos internacionales en lo local sino también para vigilar la correcta destinación y ejecución de los recursos públicos.
La experiencia nos ha enseñado que no basta con que en el papel quede expresada la voluntad política de los gobiernos en implementar determinado proyecto o programa, que se supone redundará en la satisfacción de alguna necesidad básica o en el fortalecimiento de un derecho fundamental. Tristemente en nuestra región es común ver cómo esos mismos proyectos o programas son usados por ciertas personas (dentro y fuera de las entidades públicas) para robarse los dineros públicos de toda la ciudadanía.
Según informes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a principios de este año la corrupción en América Latina y el Caribe le roba a las personas y sus Estados más de 220.000 millones de dólares anuales. Un cifra monumental que se podrían invertir en salud, educación y seguridad alimentaria para la población, así como en otras políticas públicas que ayuden a cerrar brechas.
En noviembre de 2018 el Informe del Grupo Asesor de Expertos en anticorrupción, transparencia e integridad para América Latina y el Caribe, también del BID, afirmaba que “una preocupación particular en ALC es la relación entre corrupción y desigualdad. La región tiene algunos de los niveles más altos de desigualdad del mundo. La desigualdad en la distribución de la riqueza, combinada con escándalos de corrupción, ha generado reacciones adversas de los sectores más desfavorecidos y de la clase media, que cada vez toleran menos un sistema manipulado a favor de los ricos y poderosos. De hecho, la desigualdad del poder económico está íntimamente ligada con la desigualdad para influir (políticamente y en relación con las políticas públicas), la que en su manifestación más extrema da lugar a la captura del Estado”.
Lo anterior debe prender todas las alarmas. No es posible que un escenario así siga siendo paisaje. Como sociedad civil es nuestro deber actuar y hacer mayor control social y vigilancia sobre nuestros propios gobiernos, entidades estatales e incluso sobre los privados que ejecutan recursos públicos. El escándalo de Odebrecht nos muestra cómo existen redes transnacionales dispuestas a todo para vaciar las arcas y torcer la ley en favor de sus intereses particulares.
Es por eso que para la segunda fase de nuestro Proyecto PASCA se realizó una convocatoria para contratar la creación de un Observatorio Ciudadano Anticorrupción. Este organismo será una fuente importante de información técnica y depurada sobre el estado de este flagelo que nos roba a todos y todas, asimismo será un importante apoyo para la labor que lidera el Foro Ciudadano de las Américas.
En las próximas semanas REDLAD y el Foro darán a conocer los nombres de las organizaciones que se postularon, de los preseleccionados (según el primer filtro de revisión), así como los nombres de quienes integrarán el panel técnico de evaluación de las propuestas.
Tenemos la plena convicción de que el Observatorio hará una gran labor a nivel regional para aportar a la lucha contra la corrupción y en la búsqueda de transparencia que ya cientos de personas y organizaciones hacen desde hace años, significando un gran aporte para la sociedad al que se articulará el observatorio.