Los datos que se proveen son los últimos que están disponibles
| Índice de desarrollo Humano | 0.750 (2017) |
| Población | 31.237.385 (2017) |
| PIB per cápita | 6.947,3 (2018) |
| Índice de Gini | 43,3 (2017) |
| Índice de pobreza multidimensional | 0.049 (2018) |
Las raíces de la corrupción han crecido lentamente en la historia de Latinoamérica, erosionado la confianza de los ciudadanos y formado un bosque de desigualdad social. En Perú hay un árbol particular, con una desarrollo diferente al de los países de la región. Lo que hemos visto en las noticias son algunos frutos de la cosecha: presidentes relacionados con casos de corrupción; miles de millones de dólares desviados ilegalmente y contratos defectuosos o inconclusos. De ahí en adelante, la lista solo crece. En total, el 10% del presupuesto de la Nación se ha ido a abonar esta maleza cada año.
Podríamos empezar la historia por la época del expresidente Alberto Fujimori, que gobernó desde 1990 hasta el 2000 cuando fue destituido por incapacidad moral. Después fue Alejandro Toledo, presidente en el período 2001 a 2006 y quien fue uno de los salpicados por las investigaciones del caso Odebrecht, conocido como “Caso Ecoteva”, en el que se le acusa de lavado de activos y tráfico de influencias, entre otros crímenes. Y después de su mandato vino el de Alan García (2006 – 2011), Ollanta Humala (2011 – 2016) y Pablo Kuczynski (2016 – 2018), todos acusados de corrupción. Y esa es probablemente la punta del iceberg, pues son las cabezas de un entramado que se ha extendido a lo largo y ancho de gobiernos enteros, con la participación del sector privado y de otros miembros del Estado.
Todos los presidentes desde 1990 han estado involucrados en casos de corrupción, desviación de fondos, concierto para delinquir e incluso lavado de activos. Por ello, ahora Alberto Fujimori está en la cárcel; Kuczynski en arresto domiciliario; Toledo detenido en Estados Unidos y Ollanta Humala es investigado bajo comparecencia restringida. Alan García se suicidó en abril de 2019 cuando iba a ser arrestado.
Con los escándalos que generó la constructora brasileña Odebrecht, el presidente Pablo Kuczynski tuvo que dejar su cargo y asumió funciones su vicepresidente, Martín Vizcarra.
Larga y trágica historia que ha llevado al país a tener una puntuación de 35 en el Índice de Percepción de la Corrupción emitido por Transparencia Internacional.
La quimera de la justicia
En todo este caso, el gran héroe –para la opinión pública– fue el sistema judicial peruano, que actuó con independencia. Según Eduardo Toche, vicepresidente del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (Desco), los ciudadanos tienen la sensación de que hay una justicia capaz de acabar con la mafia que usaba los recursos de la nación para financiarse, puesto que por primera vez ven cómo sus expresidentes son llamados a rendir cuentas.
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Que las pesquisas hayan llegado a las altas esferas demuestra que todo el sistema está permeado. Esto generó que los peruanos comenzaran a percibir la corrupción como un problema aún más grave. Así lo consideraron el 57% de los ciudadanos en el 2018, de acuerdo con la encuesta de percepción realizada por El Comercio e Ipsos.
Es por ello que la bandera del actual presidente, Martín Vizcarra, ha sido la lucha anticorrupción con varios planes, entre ellos la entrada en funcionamiento de un convenio entre los Empresarios por la Integridad y la Contraloría General con el cual buscan crear un sistema de alertas, mecanismos de vigilancia, gestión pública y capacitaciones para promover la ética.
Si bien no hay sentencia ejecutadas y muchas investigaciones en curso, a esto se le suma otro problema: el presidente Vizcarra tomó la decisión de disolver el Congreso tras la negación de una moción de confianza, la tercera en menos de un año que presentaba y le era denegada.
Esta fue presentada tras la decisión del parlamento de elegir de “manera ilegal” miembros del Tribunal Constitucional para que protegieran a algunos actores vinculados en casos de corrupción otorgándoles la impunidad. Tras esta medida, Vizcarra convocó a elecciones legislativas extraordinarias para enero del 2020. Esto quiere decir que no solo es el hecho de que estén siendo investigados, sino que detrás hay toda una maquinaria para evitar que tengan una sentencia.
Afirmar que la justicia es un órgano independiente genera muchas dudas por las investigaciones que cursan contra jueces y fiscales. El panorama es más complejo de lo que parece y por esto mismo genera controversia que, pese a los avances hechos, aún no haya suficiente impulso para terminar lo que se inició y ejecutar sentencias.
Los dueños del dinero
La primera relación que se hace cuando se habla de temas de corrupción es el Estado malversando fondos o entes reguladores haciendo su función a medias y dejando impunes delitos a cambio de dinero.
Un factor que no se toma en consideración es la corrupción en el sector privado. Usualmente, esto no se penaliza porque es considerado un asunto de la propia empresa sancionar lo que pasa al interior o en negociaciones con otras empresa.
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Claro está que este dinero es autorregulado por las organizaciones y no utiliza recursos públicos. Sin embargo, ante la situación del país, en el año 2018 se sancionó un decreto legislativo que busca sancionar actos de corrupción privada y que ha tenido múltiples críticas por parte de penalistas.
El objetivo de este decreto es evitar la normalización de conductas corruptas al interior de de la empresas o en negociación con otras, así prevenir que esto se traslade a la negociación con el Estado.
Antes de este decreto no existía ninguna reglamentación al respecto, lo que genera que se abra todo un nuevo panorama penal antes inexistente y plantea la duda de la capacidad del Estado para vigilar y castigar estos hechos.
El otro
La ciudadanía es el constituyente primario de las democracias, es quien tienen la primera y la última palabra en decisiones cruciales como la elección de mandatarios que tendrán la labor de manejar los recursos, entre otros puntos. La labor de la ciudadanía es también ejercer de veedores de la función de estos. Si un empleado del Estado no cumple con su plan de gobierno y con sus responsabilidades, los peruanos, en este caso, están en el derecho de exigir una actuación apropiada.
En Perú, tras las revelaciones del año 2018 que salpicaban a altas esferas del poder, se presentaron algunas manifestaciones contra la corrupción como las de julio de 2018 en las que se tornaron violentas. Este escándalo y la presión de los peruanos lograron que grandes cargos renunciaron, entre ellos el ministro de justicia, Salvador Heresi; dos viceministros y a siete miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Otra de las grandes manifestaciones que se dio fue en 2019 en apoyo a Vizcarra y la decisión de disolver el Congreso.
Y pese a la intolerancia que los ciudadanos peruanos han demostrado por los casos en el Estado, de acuerdo con el Índice de Propensión a la Corrupción realizada por Ipsos en 2018. Entre los resultados que más destacan es que el 51% de los peruanos tienen una tolerancia media y alta a la corrupción; la mitad de ellos tienen una propensión media o alta a actos de corrupción y que el 30% han tenido experiencias de corrupción altas o medias.
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Este estudio pone en evidencia que si bien la corrupción a alta escala es una problemática que afecta a los ciudadanos, estos también son propensos en gran medida a cometer actos corruptos en la cotidianidad y ser tolerantes ante estos hechos.
Son muchas las razones por las cuales Perú ha tenido tantos años de tolerancia ante corrupción que ha tomado una parte importante de su presupuesto y con el tiempo esto se ha hecho costumbre. Las últimas manifestaciones demuestran un progresivo despertar y cada vez menos indulgencia de la sociedad peruana por este flagelo. Este viejo mal de raíces extendidas parecer estarse marchitando de a pocos, algo de esperanza tras casi 3 décadas de expresidentes bajo investigación.