
La VIII Cumbre de las Américas que se realizará en Perú en abril de 2018 definió como tema central la “Gobernabilidad Democrática frente a la corrupción”, el cual es de fuerte interés no solo para los gobiernos de la región sino también para las organizaciones de la sociedad civil, por lo que la corrupción representa en términos de la negación de los derechos humanos y la profundización de la pobreza e inequidad.
En este sentido, desde el proyecto PASCA se trabaja en la recolección y organización de insumos para preparar la discusión y las recomendaciones que el Foro Ciudadano de las Américas presentará en la VIII Cumbre. Un punto de partida para este ejercicio han sido los informes nacionales de seguimiento al cumplimiento de los mandatos de la pasada Cumbre realizada en Panamá en 2015.
De los once informes elaborados a la fecha, cinco países (Argentina, México, Panamá, Bolivia y Venezuela) abordaron directamente en el tema de la corrupción y en sus diagnósticos se identifica que la corrupción se manifiesta de manera generalizada en la ineficacia de las políticas, programas y proyectos con una disminución de su alcance y resultados, y en una baja cualificación y el afianzamiento de malas prácticas en la gestión pública.
Entre las principales causas de la corrupción, sobre las cuales se debería incidir para superarla, se señalan:
- Restricciones al acceso a información pública.
- Restricciones a la participación de la sociedad civil en el control social.
- Ausencia o inoperancia de instituciones, normas y mecanismos de control.
- Ineficacia de los mecanismos e instancias de control competentes.
- Impunidad en los casos denunciados de corrupción.
- Acción de grupos armados ilegales.
Aunque en algunos de los países existen avances en la aprobación de un marco normativo de buen gobierno y transparencia o en la creación o fortalecimiento de organismos encargados de su implementación (de las acciones de los gobiernos encaminadas a disminuir la corrupción identificadas en estos cinco países, 76% se encuentra en etapa de formulación), estas medidas no son suficientes si no se cuenta con suficiente presupuesto y voluntad política.

La correcta implementación de las iniciativas exige el compromiso de los Estados de apoyar los programas, proyectos y leyes formulados y avanzar en mecanismos para empoderar a los ciudadanos e impulsar la lucha anticorrupción desde la base social y con la participación de otros actores. Escándalos multinacionales como el de Odebrecht señalan la necesidad de involucrar al sector privado en el diagnóstico, la reflexión, el diálogo y la exploración de vías de solución para esta problemática.
Además de este diagnóstico preliminar, donde se recogen algunas causas de la corrupción también avanzamos en la elaboración de recomendaciones para afrontar las problemáticas en salud, educación, ambiente, energía, participación ciudadana, gobernabilidad democrática, migración, seguridad y cooperación hemisférica que fueron los nueve temas abordados en la Cumbre previa de Panamá y que no deberían quedarse por fuera, ahora que el gobierno peruano (anfitrión de la Cumbre 2018) y la OEA nos invitan además a discutir en los ejes de gobernabilidad democrática y corrupción, corrupción y desarrollo sostenible e Institucionalidad Internacional y Alianzas Público-Privadas.
En la medida en que las OSC y otros actores interesados en disminuir la corrupción hagan este ejercicio de manera concienzuda, podrán definir cursos de acción más acertados. Les invitamos entonces a participar en los distintos espacios de consulta previos a la Cumbre 2018 y a que dediquen algunos minutos a compartirnos sus aportes en este formulario de consulta para construir una agenda de recomendaciones de sociedad civil.