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23 septiembre, 2016

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La cultura democrática y la sociedad civil

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Durante el mes de septiembre el mundo tuvo dos importantes celebraciones: el 15 fue el Día Internacional de la Democracia y el 21 el Día Internacional de la Paz. Asimismo, la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebró los 15 años de la Carta Democrática Interamericana (CDI), aprobada en Lima el 11 de septiembre de 2001.

Este último evento cobra una importancia inusitada por el contexto de crisis política que vive actualmente la región. Crisis que no es comparable a la que por esos años de principios de siglo XXI vivía esta parte del hemisferio, pero sí nos pone en perspectiva y nos obliga a pensar qué tanto se ha avanzado o no en materia de derechos humanos, cultura democrática y ambiente habilitante, sobre todo en América Latina.

En estos primeros quince años del nuevo siglo, la región vivió importantes transiciones políticas y la emergencia de nuevos modelos de gobierno y líderes, algunos más criticados que otros, pero que sin duda marcaron el devenir histórico de la sociedad civil y la manera en cómo las organizaciones vienen desarrollando su trabajo.

Por su parte, la aprobación de la CDI determinó unas reglas de juego y unos retos para todos los gobiernos de las Américas. Además, dio más argumentos a la sociedad civil para demandar mayores garantías para su ejercicio organizado y ratificó la defensa de los derechos de humanos.

Son precisamente los derechos humanos uno de los ejes fundamentales de la Carta, y la esencia de celebrar días internacionales de la Democracia y de la Paz. Reza la CDI en su parte inicial que “la promoción y protección de los derechos humanos es condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática”. Igualmente, reconoce “la importancia que tiene el continuo desarrollo y fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos para la consolidación de la democracia”.

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Aunque para muchos expertos la Carta es un instrumento útil dentro del sistema interamericano, se queda corto y a veces es insuficiente, pero sin duda es un antecedente vital que no se puede soslayar, y menos cuando hablamos de cultura democrática en la región, de su fortalecimiento y consolidación. Si bien no es un tratado en estricto sentido, sino más bien un acuerdo político, sirve como marco de referencia para las distintas reivindicaciones que desde sociedad civil se hacen en los escenarios de la OEA, en la que están involucrados los diferentes gobiernos del continente.

Por lo anterior, la sociedad civil está en el deber de reclamar el rol protagónico que tanto la historia como los compromisos políticos le otorgan. Las organizaciones que hacen parte de ella están llamadas a ejercer un el control social que todo gobierno y Estado democráticos necesitan para su constante mejoramiento. La OEA es un espacio para llevar a cabo dicha tarea.

Sin una sociedad civil organizada y fortalecida es imposible que existan sistemas democráticos amplios y garantistas. Es deber de los Estados proporcionar ambientes habilitantes óptimos, es decir, países en donde las libertades de asociación, reunión y de expresión se respeten y promuevan como principios indiscutibles y necesarios.

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Sin embargo, el ambiente habilitante latinoamericano y del Caribe aún está lejos de ser el mejor, pese a algunos avances y conquistas que sobre el particular diversos sectores y actores sociales organizados del hemisferio han conseguido. Por lo menos así lo evidencian distintos informes que desde sociedad civil se han publicado en los últimos años, como por ejemplo el de CIVICUS (Estado de la Sociedad Civil 2016) que evidencia retrocesos o limitaciones preocupantes sobre alguna o las tres libertades esenciales para el ejercicio la ciudadanía en nuestra región.

Por lo tanto, cada una de las conmemoraciones mencionadas al principio son una excusa para reflexionar sobre nuestros retos como ciudadanía, sobre lo que se ha logrado, sobre lo que falta y, sobre todo, para reclamar nuestro papel protagónico como organizaciones de la sociedad civil en la construcción de culturas democráticas cada vez más abiertas y promotoras del respeto a la diferencia.