En mayo de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), anunció que estaba atravesando una profunda crisis financiera que ponía en riesgo su funcionamiento y el cumplimiento de sus mandatos. En dicho anuncio la CIDH se vio obligada a anunciar la suspensión de los períodos de sesiones número 159 y 160 programados para julio y octubre del presente año.
En ese momento, existían dos riesgos inminentes para la Comisión: la cancelación de sesiones por primera vez en la historia de la OEA y la pérdida del 40% de su equipo de trabajo. Lo que para muchos al interior de la Comisión significaba menos eficacia y oportunidad de proporcionar justicia a las miles de personas que año a año acuden a la CIDH.
Más adelante, en junio, durante la Asamblea General de la OEA en República Dominicana, los gobiernos del continente se comprometieron a respaldar a la CIDH. El reconocimiento de la Comisión como pilar fundamental para el mantenimiento del orden democrático del continente, fue lo que llevó a los Estados a asumir este rol para apoyarla.
Los países del continente se volcaron a apoyar a la CIDH, lo cual llevó a que el 30 de septiembre en un comunicado de prensa la Comisión declarara que: “(…) ha superado la aguda crisis financiera que amenazó con limitar su capacidad de cumplir con funciones básicas. La respuesta de países miembros y otros donantes permitió a la Comisión mantener su capacidad instalada (…)”.
Los países del continente que hicieron contribuciones voluntarias fueron (en miles de USD): Antigua y Barbuda (1.8), Argentina (83), Chile (80), Colombia (100), Estados Unidos (2,483), México (50), Panamá (150), Perú (55) y Uruguay (24.5). Así mismo, Argentina anunció que haría aportes voluntarios adicionales por USD 317,000. Ese anuncio convierte a Argentina en el país latinoamericano que más aportó si se suma lo efectivamente contribuido y lo anunciado.
Llama la atención que los aportes voluntarios de los países miembros, a septiembre de 2016, superaron en cerca de USD 800,000 el total de aportes hechos en todo el 2015. También vale la pena resaltar que los aportes en 2016 de los países miembros, triplicaron los aportes de países observadores, cuando en 2015 sólo los duplicaron. Esto demuestra que los países del continente asumieron la responsabilidad, en cierta parte, de salvar a la Comisión y que el reconocimiento de su importancia no es un discurso meramente político sino que existe una firme convicción de ello, que esperamos desde el proyecto PASCA y las organizaciones de la sociedad que lo componente se mantenga, respetando en todo momento su independencia.
Por otro lado, el pasado 30 de septiembre, tanto la Comisión como la Corte Interamericana, presentaron al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, su proyecto de presupuesto, cuyo propósito es el de garantizar la sostenibilidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en 2017, y que según sus cálculos debe ser de USD 18.2 millones repartidos así: 11.2 millones (62%) para la Comisión y 6.9 millones (38%) para la Corte. Esta propuesta busca incrementar la asignación que estaba prevista inicialmente para el Sistema en 2017 de USD 8.3 millones, representando así un aumento de casi USD 10 millones.
El hecho de que el proyecto de presupuesto actual, construido entre la Comisión y la Corte, busque un aumento del 125% respecto al inicial demuestra cuán precarias son las condiciones bajo las cuales ha estado funcionando el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. .
El 18 de octubre, durante su discurso ante el Consejo Permanente de la OEA, el presidente de la CIDH, James Cavallaro, explicó el plan de aplicación del nuevo presupuesto que consiste en tres acciones:
- Mejorar la eficiencia de la gestión administrativa actual: esto permitirá mejorar la eficiencia procesando las peticiones que se reciban, logrando así mayor celeridad en los proceso.
- Contemplar legítimas expectativas históricamente constreñidas: esa acción busca el equilibrio entre las relatorías temáticas, el equilibrio entre los pilares de protección, monitoreo y protección, así como también la puesta en funcionamiento de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
- Realizar nuevas acciones e iniciativas: serán construidas en el marco del nuevo Plan Estratégico de la CIDH, que a su vez será consultado con representantes estatales, sociedad civil, organizaciones internacionales, donantes y otros órganos de la OEA.
Otro avance importante fue la reprogramación del período ordinario de sesiones del 29 de noviembre al 7 de diciembre en Panamá. El Estado panameño se comprometió a ayudar con la financiación de toda la organización para este período de sesiones.
La CIDH es un órgano de suma importancia en el continente porque es un mecanismo que garantiza, defiende y promueve los derechos fundamentales de los ciudadanos de las Américas y los principios democráticos bajo los cuales se rige el Sistema. Cuando son vulnerados dichos derechos y los ciudadanos no cuentan con mecanismos de protección efectivos al interior de sus países la CIDH entra a jugar un papel preponderante. Es un espacio donde la sociedad civil busca la reivindicación de sus luchas y también la promoción de la cultura democrática.
Únicamente en cuanto a protección, la CIDH recibe 2.000 peticiones individuales al año y actualmente tiene una cartera de 381 medidas cautelares otorgadas en seguimiento de implementación. Además, los períodos de sesiones constituyen otro espacio de interlocución entre la sociedad civil, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y las autoridades estatales. En estos espacios se escuchan las demandas por violaciones a derechos humanos y se avanza en la solución de los casos. En el último período de sesiones participaron más de 300 organizaciones de la sociedad civil.
Lo anterior demuestra la necesidad de que la OEA y los Estados miembros, garanticen la estabilidad y funcionamiento de la Comisión y la Corte Interamericana. La CIDH puede enfrentar retos políticos, resistencia de los Estados a adoptar sus recomendaciones, problemas de acceso a la información, pero la falta de presupuesto para funcionar no se puede convertir en una limitante para su acción y misión.