Después de dos años difíciles, este año volvieron a realizarse de manera presencial la Cumbre de las Américas, realizada en junio pasado en Los Ángeles, Estados Unidos, y en octubre la 52 Asamblea General de la OEA en Lima, Perú. Los dos eventos hemisféricos y multilaterales más importantes de nuestro continente.
Dos años en los que no sólo cambiaron los formatos y la metodología de participación de la sociedad civil sino también el panorama político que ha dado un giro con implicaciones esenciales para el abordaje de los temas centrales que han movido la agenda regional, a saber: lucha contra la corrupción, la desigualdad y la discriminación; la gestión sanitaria; la crisis migratoria y, por supuesto, la crisis de la democracia que está presente en casi todos los países del continente, con matices, pero con retos que muchas veces son compartidos.
A sazón del tema central de esta edición de la Asamblea General que fue “Juntos contra la desigualdad y la discriminación”, se suscitaron debates sobre la necesidad de incluir o no los enfoques diferenciales dentro de las resoluciones finales. Dichos debates se dieron tanto en el seno de los espacios de sociedad civil como en las negociaciones oficiales entres los Estados.
Como Redlad y Foro Ciudadano de las Américas apoyamos la necesidad absoluta e irremediable de que los diálogos adelantados y las resoluciones discutidas incluyeran los enfoques diferenciales y consideren abordajes interseccionales en razón de respetar la diversidad humana, cultural, política, social y económica que habita en nuestra región. Este no es un tema menor ni aparte, es vital y transversal, sobre todo si queremos luchar juntos y juntas contra la desigualdad y la discriminación y caminar hacia el fortalecimiento de la democracia.
“La interseccionalidad es un concepto que, desde nuestra perspectiva, permite recoger desigualdades y discriminaciones históricas, que busca revertir los efectos negativos y avanzar en la construcción de agendas comunes sin desdibujar las agendas y luchas propias de los grupos poblacionales. Sin embargo, reconocemos que es una visión, entre muchas otras herramientas útiles para comprender las reivindicaciones sociales” (ver Aproximándonos a la Interseccionalidad: un diálogo en el marco de la 52 AGOEA)
Por otra parte, Nicaragua, Cuba y Venezuela siguen acaparando las discusiones cuando se trata de hablar de la crisis democrática, puesto que sus sistemas políticos y los derechos humanos adolecen de garantías tanto para la sociedad civil como para la oposición política. Adicionalmente, la participación del Caribe en estos espacios sigue siendo un gran reto y no hay que perder de vista que Haití y El Salvador también tienen preocupantes signos de deterioro institucional y democrático.
Así las cosas, esta Asamblea también es la primera que se da luego de que en Chile, Colombia y Honduras se posesionaron presidentes de tendencias de izquierda, lo cual inclina balanzas en favor y en contra del trámite de cuestiones fundamentales que se tratan en el organismo interamericano, y abre nuevas posibilidades de interacción con las organizaciones sociales y de la ciudadanía con los Estados miembros y su incidencia en los espacios de sociedad civil.
Lo anterior tiene repercusiones en distintos temas, principalmente en dos, ampliamente abordados en la Asamblea General de Lima: la crisis migratoria, en particular de personas procedentes de Centroamérica, México, Haití y Venezuela y la cuestión democrática de Nicaragua y Venezuela, países que hoy se encuentran oficialmente aislados del Sistema.
Hay algunos consensos muy generales alrededor de ambos, pero sin conclusiones todavía resolutivas. Por un lado, y como se debatió también en la Cumbre de Los Ángeles, la crisis migratoria que vive el continente tiene un carácter humanitario y, por lo tanto, las personas migrantes son susceptibles de violaciones sistemáticas de sus derechos humanos. Asimismo, este tipo de migración es un problema que no puede ser abordado ni resuelto de manera unilateral por un sólo país, como lo han recordado mandatarios de Colombia, México y Chile.
En un reporte de octubre de 2022, la ACNUR advierte que “a pesar de los avances alcanzados a través de diversas iniciativas de regularización y documentación implementadas en toda América Latina y el Caribe, el aumento de las necesidades humanitarias evidencia la necesidad urgente de mejorar la protección y el acceso a servicios y oportunidades de empleo” de alrededor de 4,3 millones de personas venezolanas migrantes en todo el continente.
Por otro lado, es evidente que dicha crisis migratoria no está desconectada de la crisis democrática. Dichos migrantes, que son de carácter humanitario, huyen de sus países no sólo por falta de oportunidades económicas y empleo sino también por la continua vulneración de los derechos humanos que cada vez es más patente en Haití, Venezuela, Nicaragua y algunos otros países de Centroamérica.
Por lo tanto, el problema se vuelve más complejo y es por eso que muy probablemente el nuevo matiz ideológico y político que permea la región pueda ayudar a dar una conversación en términos distintos a los que se venía dando. Además, el gobierno de Joe Biden, de los Estados Unidos, se ha mostrado receptivo a hacer algunos cambios en procura de encontrar nuevas fórmulas para enfrentar el reto migratorio, aunque siguen siendo insuficientes.
Como sociedad civil es esencial que hagamos un llamado urgente para que ambas cuestiones se tramiten de manera integral y con enfoques diferenciales e interseccionales tendientes a la garantía de los derechos humanos. Si de algo ha de servir que, de norte a sur, México, Honduras, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile y Argentina tengan gobiernos de corte político enmarcado en las izquierdas que sea para que jalonen avances sociales y no para retroceder. Además, se vuelve imprescindible que los gobiernos democráticos de este grupo exhorten transformaciones que no dan espera en Venezuela y Nicaragua, si en serio anhelamos que vuelvan al Sistema Interamericano, como lo han pedido los presidente de Colombia, México y Argentina, tanto en el ámbito de la Asamblea General como de la Cumbre de las Américas.