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2 agosto, 2017

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El Pulso Social de las Américas: la situación de derechos humanos en El Salvador

El siguiente artículo estará basado en la información que alimentó la plataforma del “Monitor Cívico” desde mayo de 2016 hasta junio de 2017.

Con este artículo se busca hacer un seguimiento a violaciones, incumplimientos directos y avances de los compromisos contenidos en el documento “Mandatos para la Acción”, emanado de la Cumbre de Jefes de Estado en Panamá, pero con un enfoque menos técnico y más desde las demandas ciudadanas.


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Salvador Sánchez Cerén, presidente de El Salvador

Los ataques a la libertad de expresión y a la comunidad LGBTI son los principales problemas que ha enfrentado el espacio cívico en El Salvador durante el último año. Los ataques perpetrados vienen tanto de actores legales como de actores ilegales. Un punto positivo de la situación de El Salvador es que el sistema judicial ha producido algunos resultados condenando a responsables por ataques tanto a la libertad de expresión como a la comunidad LGBTI.

La identificación de ataques a la libertad de expresión han sido una constante durante el monitoreo a El Salvador desde mayo del 2016. En los 6 reportes elaborados para El Salvador en el último año, todos han contenido al menos un caso de violación a la libertad de expresión. El monitoreo del país inició con el caso del asesinato de Nicolás Humberto García, asesinado el 10 de marzo de 2016. Su cuerpo fue hallado con múltiples heridas de arma de fuego y arma blanca. El asesinato se sospecha que se debió a la negativa del comunicador de involucrarse con las pandillas, negándoles también espacio al aire en su programa radial en apoyo al programa de prevención de la violencia de la Policía Nacional.   Las amenazas contra periodistas a través de redes sociales fue otro mecanismo usado para acallar sus voces. Tales son los casos de amenazas recibidas contra el diario El Faro y el periodista Cristian Meléndez.

El hostigamiento contra periodistas también proviene desde autoridades gubernamentales. En el reporte país del 3 de marzo de 2017 se informó sobre la decisión del Alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, de radicar una denuncia formal contra el diario La Prensa Gráfica. Esta decisión fue motivada por supuestas difamaciones del diario donde afirmaban que la Alcaldía estuvo involucrada en el ciberataque contra el diario en 2015. No obstante, semanas después del anuncio de supuesta difamación, un juzgado de San Salvador inició juicio contra 5 ex funcionarios de la Alcaldía por haber participado en este ataque. La denuncia finalmente nunca fue radicada. Asimismo, el periodista Rafael Domínguez anunció que su programa Así Estamos fue sacado del aire por supuestas presiones políticas contra canal que lo transmitía.

Además del ya citado caso del juicio contra funcionarios por el ataque cibernético. La justicia salvadoreña condenó a cuatro miembros de la Mara Salvatrucha por el asesinato de Nicolás Humberto García a inicios de 2016.

La otra situación que preocupa en El Salvador es el de los miembros y activistas de la comunidad LGBTI. En febrero de 2017, tres mujeres trans fueron asesinadas en dos hechos separados. En una audiencia del 161 período de sesiones de la CIDH, representantes de la comunidad LGBTI de El Salvador indicaron que en los primeros tres meses de 2017 se registraron 14 ataques contra sus miembros. En abril, la activista Karla Avelar fue nominada a un premio internacional por su activismo en pro de los derechos de las personas LGBTI. El ganador de este premio recibe un premio económico para apoyar su trabajo. Dos días después de la nominación un grupo de hombres armados llegaron a su casa amenazándola y exigiéndole el dinero del premio – el cual aún no ha ganado -. Esto la forzó a dejar su casa por miedo a su vida. También se registró un caso de hostigamiento contra Aldo Alexander Peña, un activista trans que también es miembro de la Policía Nacional.

Espionaje
Foto: Archivo Agencia EFE

Otro incidente en contra del ambiente habilitante que es importante resaltar, fue el espionaje descubierto en contra de FUSADES y FUNDE a inicios de 2017. Estos no son casos aislados. Desde 2009 se han registrado otros 6 casos de espionaje en contra de altos funcionarios públicos y organizaciones sociales.

Frente a la situación descrita, es válido afirmar que el Gobierno de El Salvador no ha respetado algunos compromisos que adquirió en la Cumbre de las Américas de Panamá en materia de gobernabilidad democrática. El Estado debe garantizar la protección de los derechos humanos y todas las libertades fundamentales (artículo 1). No obstante, desde el punto de vista de los derechos fundamentales para el ambiente habilitante (expresión, asociación y reunión pacífica) lo que se evidenció durante el año monitoreado son una serie de ataques en contra de los derechos de expresión y asociación.