El Pulso Social de las Américas: defender el medio ambiente es un peligro para la vida de los activistas en Guatemala

El siguiente artículo estará basado en la información que alimentó la plataforma del “Monitor Cívico” desde junio de 2016 hasta febrero de 2017.

Con este artículo se busca hacer un seguimiento a violaciones, incumplimientos directos y avances de los compromisos contenidos en el documento “Mandatos para la Acción”, emanado de la Cumbre de Jefes de Estado en Panamá, pero con un enfoque menos técnico y más desde las demandas ciudadanas.

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La constante vulneración de los derechos de las personas defensoras del medio ambiente y los territorios es quizás el principal reto que enfrenta el país para cumplir con los Mandatos de la Séptima Cumbre de las Américas relacionados con las tres libertades evaluadas por el Monitor Cívico (asociación, reunión pacífica y expresión).

La Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA) reportó que en el período enero a noviembre de 2016, 14 activistas fueron asesinados, 7 sufrieron atentados contra su vida, y se reportaron otros 223 casos de ataques contra el trabajo de activistas. Eso representa un promedio de 20 ataques por mes. Asimismo, se presentaron casos como los de Mauro Vay, Blanca Actún Mejía, y Mariano García Carrillo quienes fueron condenados a prisión por supuestamente haber promovido conexiones eléctricas ilegales en sus comunidades. El abogado de los acusados aseguró que está decisión vino luego del trabajo que venían desempeñando en pro de la nacionalización del servicio de energía en el país. Digna Dalila, coordinadora regional del Comité de Unidad Campesina (CUC) también fue sentenciada a prisión por un supuesto caso de usurpación de la finca San Gregorio Piedra Parada. En esta finca se lleva cabo una disputa entre antiguos empleados y los dueños de la misma por no hacer el pago de la seguridad social durante 30 años. Este, y otros casos en contra de miembros del CUC, llevó a la organización a sospechar una posible campaña de criminalización en su contra.

Esta situación de criminalización fue reafirmada por la Mesa Transfronteriza Migraciones y Género, la cual realizó una evaluación de la situación de defensores de derechos humanos en la frontera de Guatemala y México. La conclusión de la evaluación fue que la organización estaba viviendo un proceso de criminalización contra sus activistas que trabajan por la protección del medio ambiente y el derecho a la tierra. Esta situación es promovida por el desarrollo de proyectos minero energéticos en Guatemala.

Lo más preocupante son los asesinatos a activistas, sindicalistas y periodistas. Los asesinatos de Laura Leonor Vasquez, Sulma Alegría, Diego Choc Pop, Jeremy Barrios, Brenda Marleni Estrada y Eliseo Villatoro en 2016, dan cuenta del riesgo que acarrea el activismo social en el país. El 8 de julio, la alianza IFEX envió una carta al presidente Jimmy Morales exigiendo el esclarecimiento de los cinco asesinatos de periodistas en los primeros seis meses de su mandato (enero – junio 2016).

Los casos anteriores representan un incumplimiento claro al primer artículo del eje de gobernabilidad democrática contenida en los Mandatos de la Séptima Cumbre. En él, los Estados se comprometieron a fortalecer la democracia para garantizar los derechos humanos y libertades fundamentales. También se comprometieron a “la creación de condiciones que posibiliten el involucramiento de la ciudadanía en todo el ciclo de políticas públicas”. Contrario a esto, en Guatemala la participación ciudadana puede llevar a un activista a la cárcel o incluso a perder la vida.

A pesar de lo anterior, ha habido esfuerzos puntuales por parte del Estado de Guatemala para mejorar esta situación. En uno de ellos el sistema judicial garantizó la libertad de siete defensores de derechos humanos. Rigoberto Juárez Mateo, Arturo Pablo, Francisco Juan Pedro, Domingo Baltazar, Sotero Adalberto Villatoro, Bernardo Ermitaño López y Mynor López fueron liberados luego de estar en prisión preventiva por más de un año. El juez que tomó la decisión llamó la atención del Ministerio Público al señalar que el sistema judicial no debe ser usado para criminalizar a defensores y defensoras de derechos humanos.

El otro caso tuvo que ver con la captura de tres personas sindicadas de haber participado en los asesinatos de los periodistas Danilo Zapón López y Federico Salazar en mayo de 2015.

A finales de 2016, la ONU reconoció la labor del Estado de Guatemala por su compromiso de construir una política pública para la protección de activistas y defensores de derechos humanos con la participación de la sociedad civil. De hecho, el presidente Jimmy Morales también se comprometió a desarrollar un programa de protección a periodistas cuando asumió el poder. No obstante, la política pública aún no se ha formulado y el programa de protección aún está en construcción luego de más de un año de gobierno.

En el país se han presentado casos que demuestran el incumplimiento de otros compromisos adquiridos por los Estados en la Cumbre de Panamá.

A finales de octubre, 1.800 agentes de la Policía Nacional Civil desalojaron 88 familias de un terreno sobre el cual una empresa privada reclama la propiedad. Estas familias vivían de la siembra de maíz y fríjol. De esta manera se viola el derecho a la tierra, a la alimentación, y el tercer artículo del eje de medio ambiente el cual busca promover la agricultura sustentable para alcanzar la prosperidad con equidad en territorios rurales.

En enero de 2017, trabajadores de la salud se movilizaron en la capital de Guatemala para exigir la re contratación de cerca de 1.000 empleados despedidos. No obstante, en el eje de migración, artículos 1 y 2, los Estados se comprometieron a promover el empleo digno y la remuneración justa de sus ciudadanos.

Los ya mencionados asesinatos de Laura Leonor Vasquez, Sulma Alegría y Brenda Marleni demuestran que la violencia contra las defensoras de derechos humanos sigue siendo un problema latente en el país. Los Estados se comprometieron a promover y fortalecer el empoderamiento de las mujeres así como a “abordar de manera eficaz la violencia contra la mujer”. Desafortunadamente, aún con medidas cautelares ordenadas por la CIDH (como era el caso de Sulma Alegría) los ataques contra las mujeres activistas continúan.

Por último, se adquirió un compromiso por parte de los Estados para promover el uso de las TICs para garantizar nuevas formas de participación, así como la promoción del gobierno abierto y el acceso a la información pública. Este compromiso contrasta con un informe presentado por la Procuraduría de Derechos Humanos el cual denuncia que de las 17 municipalidades que conforman Guatemala, solo una tiene página web en la cual los ciudadanos pueden encontrar información relevante como salarios, presupuesto, ejecución presupuestaria, viáticos y compras directas.

A continuación un resumen de los mandatos en los cuales se identificó un incumplimiento y las razones para considerarlo como tal. De igual forma, cabe aclarar que esta evaluación se hizo tomando en cuenta los casos que surgieron durante el seguimiento a las condiciones de libertad de asociación, reunión pacífica y expresión en Guatemala. La evaluación al detalle sobre el cumplimiento o incumplimiento de cada uno de los compromisos contenidos en los Mandatos de Panamá (educación, salud, energía, medio ambiente, seguridad, participación ciudadana y gobernabilidad democrática) requiere una investigación dedicada a ese propósito específico.