El siguiente artículo es una reseña del informe de CIVICUS sobre la situación de ambiente habilitante en Latinoamérica y el Caribe, basado en la investigación hecha por Redlad, el Caribbean Policy Development Center (CPDC), el Charity and Security Network y la iniciativa Rendir Cuentas, para el Monitor CIVICUS. El informe comprende el período entre junio de 2016 y mayo de 2017.
En comparación con otras regiones del mundo, principalmente África y Asia, la sociedad civil en el continente americano goza de mejores condiciones para desempeñar su trabajo (conocido como espacio cívico) que en las mencionadas regiones. El Monitor CIVICUS asigna una calificación a cada país de acuerdo a la condición del espacio cívico. Éstas van desde “cerrado” (el ambiente más restrictivo), pasando por “represivo”, “obstruido”, “estrecho” y “abierto” (el ambiente donde la sociedad civil trabaja con mayor libertad).
En el caso de América, más del 50% de la población vive en países en la escala de “obstruido” (32%) y “represivo” (21%), es decir, la mitad de la escala hacia abajo. Un 45% vive en países calificados como “estrechos”, esto es, la segunda mejor calificación. Lo que significa es que las condiciones generales para la sociedad civil son buenas pero aún se presentan algunas restricciones puntuales en su trabajo (restricciones legales, represión de ciertas protestas, o ataques verbales de funcionarios públicos contra activistas o comunicadores). Sólo Cuba, de todo el continente, se encuentra en la peor posición, con la calificación de “cerrado”. Contrario a Barbados que se encuentra en la mejor posición de la escala, con la calificación de “abierto”. Si bien estos dos casos son materia de reflexión, análisis, y aprendizajes, juntos representan apenas el 1,5% de la población de las Américas. Si se quiere mejorar la situación general en el continente, será necesario mirar en la mitad de la escala donde se ubica más del 50% de la población.
El informe del Monitor identificó cuáles son las principales violaciones al espacio cívico. Para comenzar a mover a la región hacia la parte alta de la escala de calificación será necesario abordar estas restricciones buscando mecanismos de protección que eviten la repetición de estos casos. Las dos principales violaciones, con 39 casos cada una, fueron el uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones por parte de la seguridad oficial y los ataques contra periodistas. Estas dos guardan una estrecha relación ya que es bastante común que al reportar casos de uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones, se reporten también casos de ataques contra periodistas. Esto se da porque los agentes estatales no permiten que los periodistas graben y registren los abusos que se dan durante los operativos para dispersar las marchas.
Luego están las detenciones de defensores de derechos humanos y manifestantes. Uno de los movimientos más reprimido en las Américas, y por ende el que aporta un importante número de detenidos, es el de la defensa al medio ambiente y el derecho a la tierra. La prioridad que le están dando los jefes de Estado del continente al desarrollo de megaproyectos energéticos está socavando el derecho de comunidades indígenas y campesinas a vivir y trabajar en sus tierras ancestrales. Los intereses económicos detrás de estos proyectos, junto a aquellos producto de la explotación minera y la exploración petrolera, resultan en la articulación de toda la estructura estatal para reprimir a quienes se oponen a su implementación. Los defensores de derechos humanos son perseguidos desde las tres ramas del poder público. Por un lado el Ejecutivo ordena el despliegue de la fuerza estatal para reprimir las protestas, por otro lado el Judicial protege los intereses de los gobiernos de turno y ello se traduce en condenas por causas como “daño a propiedad privada”, “invasión a la propiedad privada”, “desorden público”, entre otros. En algunos casos el Legislativo también restringe el ambiente habilitante mediante proyectos de ley que, principalmente, criminalizan la protesta social.
El Estado no actúa como el único opresor del ambiente habilitante en América Latina. La presencia de grupos armados ilegales también termina por afectar el trabajo de los actores sociales en las Américas. El caso de México ha prendido las alarmas en el último año por los asesinatos de periodistas que investigan la estrecha relación entre los grupos narcotraficantes y el Estado. México es considerado como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Entre junio de 2016 y mayo de 2017, México registró tres asesinatos de periodistas.
De lo anterior se puede concluir que América presenta un panorama más positivo frente a otras regiones del mundo. No obstante, en los países donde hay claras restricciones al ambiente habilitante, como el caso de México, Guatemala, Honduras, o Colombia, estas restricciones se dan desde todos los frentes. Desde lo legal y lo ilegal. En este enlace podrá conocer el informe completo sobre la situación de ambiente habilitante en las Américas.